A finales de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las cuales marcaron un cambio significativo en el régimen sancionatorio y en las medidas de seguridad vial en El Salvador. Entre los principales ajustes se incluyó el incremento sustancial de las multas de tránsito, la reclasificación de infracciones y la incorporación de nuevas obligaciones para conductores, especialmente motociclistas y quienes transportan menores de edad.
El decreto legislativo fue publicado en el Diario Oficial a finales de diciembre de 2024, entrando en vigencia de manera general; sin embargo, algunas disposiciones clave fueron acompañadas de artículos transitorios, los cuales otorgaron un plazo de un año para su aplicación efectiva, con el objetivo de facilitar la adaptación gradual de la población.
Incremento de multas y control más estricto
Las reformas actualizaron el cuadro de infracciones, clasificándolas en leves, graves y muy graves, con multas que ahora oscilan entre $50, $100 y $150, dependiendo de la falta cometida. Este ajuste representó un incremento significativo respecto a la normativa anterior y responde, según las autoridades, a la necesidad de evitar conductas peligrosas y fortalecer la seguridad vial en todo el país.
Asimismo, se habilitó el uso de medios tecnológicos y electrónicos para la detección de infracciones, como cámaras y sistemas automatizados, permitiendo que las sanciones puedan imponerse incluso sin la presencia directa de un agente de tránsito, siempre que exista evidencia verificable.
Artículos transitorios: plazo para cascos certificados y sillas de retención infantil
Entre las disposiciones más relevantes se encuentran aquellas relacionadas con la obligatoriedad del uso de cascos certificados para motociclistas y el uso de sillas de retención infantil para menores de cinco años, consideradas faltas muy graves dentro del nuevo régimen sancionatorio.
Sobre este punto, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, explicó, en video publicado en la cuenta de facebook del Viceministerio de Transporte, que la ley contempló un artículo transitorio que otorgó un plazo de un año antes de aplicar sanciones por estas faltas:
“Es importante aclarar que la ley actual, las reformas que se hicieron, tienen también un artículo transitorio que dice que esto entraría en vigencia hasta diciembre de 2025. Se dio un plazo de un año para que los motociclistas y las familias pudieran adquirir este equipo con tiempo, evitando alzas injustificadas en los precios”, señaló el funcionario.
El viceministro añadió que esta medida buscó una implementación ordenada y responsable, permitiendo que la población no se viera forzada a realizar compras inmediatas a precios elevados, al tiempo que se fomentaba una cultura de prevención.
Entrada en vigencia plena desde diciembre de 2025
Concluido el plazo establecido en el artículo transitorio, a partir del 29 de diciembre de 2025 las disposiciones relacionadas con el uso obligatorio de cascos certificados y sillas de retención infantil entraron plenamente en vigencia. Esto significa que, desde esa fecha, las autoridades de tránsito están facultadas para imponer sanciones a quienes incumplan estas obligaciones.
Según Reyes, la exigencia de cascos certificados responde a criterios estrictamente técnicos y de protección:
“El casco certificado es prácticamente el único elemento de protección real que tiene un motociclista al momento de un impacto. Es lo que verdaderamente protege la cabeza ante cualquier percance en la carretera”.
Con la entrada en vigencia total de las reformas en enero de 2026, El Salvador inicia una nueva etapa en materia de tránsito y seguridad vial, caracterizada por mayor rigor en las sanciones, mayores exigencias de seguridad y un énfasis claro en la prevención de accidentes, especialmente aquellos que involucran a motociclistas y niños.
Las autoridades reiteran el llamado a la población a cumplir la normativa, no solo para evitar multas, sino para contribuir a la reducción de siniestros viales y a la protección de la vida en las carreteras del país.